Acción colectiva, costos y conflicto

Si la fábrica de bienes públicos es clave para el desarrollo, la pregunta inmediata es por qué rara vez se pone en marcha de manera espontánea. Esta segunda entrega de la serie propone mirar allí donde el discurso simplifica: en las dificultades reales de la acción colectiva.

Producir bienes públicos exige que múltiples actores aporten recursos hoy para obtener beneficios que se distribuyen mañana y entre todos. Esa lógica entra en tensión con los incentivos individuales de corto plazo. Cada actor sabe que el bien es necesario, pero también que puede beneficiarse aunque no contribuya. El resultado es previsible: todos esperan que alguien más active la fábrica.

Este no es un problema moral, sino estructural. Cooperar implica costos concretos: tiempo de gestión, recursos financieros, exposición al conflicto, riesgos políticos. Mientras los beneficios son difusos y compartidos, los costos suelen ser inmediatos y concentrados. En ese contexto, la inacción no es irracional: es una respuesta esperable cuando no existen reglas que ordenen la cooperación.

Por eso la fábrica de bienes públicos no arranca sola. Cuando lo hace, suele ser gracias a organizaciones que asumen esos costos iniciales: cámaras empresarias, cooperativas, clústeres productivos, redes territoriales. Estas organizaciones funcionan como motores parciales de la fábrica. Reducen costos de coordinación, generan confianza y sostienen procesos que ningún actor podría encarar en soledad.

Sin embargo, su capacidad tiene límites. A medida que la escala crece, también lo hacen los conflictos. Aparecen disputas por el control, por la distribución de beneficios y por la orientación estratégica. La cooperación deja de ser un acuerdo tácito y se convierte en un proceso político. La fábrica avanza, pero de manera inestable, dependiente del liderazgo de turno o del contexto económico.

Aquí se rompe otro mito persistente: cooperar no es simplemente “ponerse de acuerdo”. Cooperar es organizar el conflicto para que no paralice la producción de lo común. Requiere reglas claras, autoridad reconocida y mecanismos que hagan aceptable la distribución de costos y beneficios. Cuando esos dispositivos faltan, la fábrica se detiene. Y cuando empiezan a existir, emerge una nueva pregunta: quién tiene la capacidad de ordenar la fábrica cuando la coordinación voluntaria ya no alcanza.