Administradores del bien común
La carta abierta de la Pastoral Social nacional reavivó el debate sobre la tierra, el agua y la función social de la propiedad. Desde Río Cuarto, Miguel Ángel Besso reflexionó sobre el papel de productores, empresarios y Estado en la construcción de un desarrollo que combine productividad, arraigo y responsabilidad social.
AGROINDUSTRIA
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La reciente carta abierta difundida por Cáritas Argentina, la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa la historia económica y política del país: quién decide sobre el destino de la tierra, los recursos naturales y el desarrollo de los territorios.
El documento cuestiona algunos aspectos del proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y advierte sobre sus posibles implicancias en materia de soberanía territorial, acceso a los bienes comunes y capacidad del Estado para planificar el uso del suelo.
Pero más allá de la coyuntura legislativa, la discusión abre interrogantes de fondo para regiones productivas como el sur de Córdoba: ¿qué responsabilidades acompañan al ejercicio de la propiedad? ¿Qué papel cumplen los empresarios, productores y propietarios en el desarrollo de sus comunidades? ¿Cómo compatibilizar inversión, competitividad y bien común?
Para profundizar estas cuestiones, Glocal dialogó con Miguel Ángel Besso, referente de la Pastoral Social de la Diócesis de Río Cuarto.
¿Cómo impacta este debate en una región agroproductiva como Río Cuarto?
—“En una región central para el entramado agroproductivo nacional como el departamento de Río Cuarto, esta temática es de vital importancia porque toca el corazón de nuestra identidad y de nuestra economía real. Cuando los obispos advierten sobre el riesgo de afectar la soberanía de la tierra, los alimentos y el agua, nos están llamando a reflexionar sobre quiénes deciden el destino de los recursos naturales estratégicos.
Liberar de manera irrestricta el acceso a la compra de tierras y recursos hídricos vitales, especialmente a capitales extranjeros sin anclaje en el territorio, puede generar asimetrías profundas que terminen postergando a los productores locales, a las familias agrícolas y a las economías regionales.
El agua y el suelo no son meros insumos de especulación financiera internacional; son bienes comunes que sustentan la vida, la producción local y el arraigo. En nuestra región, cuidar estos recursos significa asegurar que las decisiones de inversión sigan priorizando el desarrollo de nuestra propia comunidad, el agregado de valor en origen que genera empleo y la sostenibilidad ambiental como resguardo para las generaciones venideras.”
La carta plantea que la propiedad tiene una función social. ¿Qué implica esto para productores, empresarios y Estado?
—“Desde la Doctrina Social de la Iglesia siempre se ha sostenido que el derecho a la propiedad privada es legítimo y necesario, pero no es absoluto ni ilimitado: está intrínsecamente subordinado a una función social.
La tierra, antes que una simple mercancía, es un don destinado al sustento de todos. Este principio no confronta con la rentabilidad o la eficiencia productiva. Sin embargo, propone un diálogo profundo con el modelo de desarrollo predominante y nos invita a pasar de una mirada meramente extractiva o de acumulación financiera de corto plazo hacia una visión de desarrollo humano integral.
En nuestra región, la función social de la tierra se traduce en un modelo que combine la alta productividad con la generación de empleo digno, el respeto por el medio ambiente y la facilitación del acceso al hábitat para aquellos sectores que sufren un profundo déficit habitacional. Productividad y fraternidad social no deben ser caminos excluyentes.
Desde la Doctrina Social de la Iglesia se defiende firmemente el valor de la iniciativa privada, pero también se enseña que el debilitamiento de las facultades reguladoras del Estado deja desprotegidos a los eslabones más débiles de la sociedad. El papel del Estado no debe ser el de un obstáculo burocrático, pero tampoco el de un espectador ausente; su rol fundamental es el de garante del bien común.
El ordenamiento territorial y la protección de los bienes comunes no son una opción ideológica, sino un mandato constitucional y ético para nuestra Patria y para todos quienes eligieron vivir en nuestra región apostando al desarrollo de nuestras comunidades.”