Agro, inversión y territorio

De la investigación a la gestión

-Su trayectoria combina la investigación sobre desarrollo territorial y políticas públicas con responsabilidades concretas en la gestión municipal de Itaguaí. ¿Cómo se dio ese recorrido y qué cambió en su mirada sobre el territorio al pasar de estudiarlo como investigador a intervenir sobre él desde la política pública?

En primer lugar, es fundamental comprender la implementación de las políticas públicas como un instrumento de promoción del desarrollo local en los territorios rurales. Más que brindar respuestas inmediatas a las demandas sociales y económicas, las políticas públicas destinadas al ámbito rural deben generar condiciones para fortalecer las capacidades endógenas, favorecer la ampliación de la escala productiva, valorizar las actividades económicas y los saberes locales, y enfrentar los ciclos históricos de pobreza y vulnerabilidad social.

Desde esta perspectiva, la efectividad de la acción pública está asociada a la capacidad de construir caminos que fortalezcan los entramados productivos locales, valoricen la cultura, los saberes y las prácticas territoriales, amplíen el acceso a mecanismos de crédito compatibles con la realidad de los productores y promuevan la inserción de la producción en los mercados locales y regionales.

En cuanto a mi trayectoria, me veo como alguien que conoce el territorio y trabaja diariamente con esa realidad. Soy nieto de agricultor y desde mi juventud observé las transformaciones ocurridas en el municipio. Sin embargo, a partir de mi formación como sociólogo, magíster en Desarrollo Territorial, doctor en Políticas Públicas, investigador y extensionista, mi comprensión de esa realidad fue modificándose. Ese proceso me llevó, en 2021, a construir el concepto de TIdI: Territorio Identitario de Itaguaí.

Entiendo el TIdI como un espacio físico y social que configura el ordenamiento territorial, produce identidades, atribuye significado y da vida a las diferentes localidades que lo componen. Más que una delimitación geográfica, el territorio se constituye como un espacio de pertenencia, memoria y relaciones sociales y, en última instancia, de resistencia y construcción de políticas públicas.

Es precisamente desde esta perspectiva y esta línea de trabajo que, desde 2022, me desempeño en la gestión pública local, dentro de la Secretaría de Agricultura y Pesca de Itaguaí. Desde allí busco contribuir a la instrumentación e implementación de políticas públicas orientadas a las realidades rurales locales, teniendo como una de sus dimensiones centrales el sostenimiento de las condiciones socioeconómicas de las familias en el campo.

Mi trabajo también está orientado a valorizar los espacios de origen de esas familias, reconociendo que la permanencia en el territorio no se limita al sostenimiento de una actividad económica: involucra la preservación de modos de vida, saberes, vínculos comunitarios, identidades y formas propias de relacionarse con el territorio.

En ese sentido, mi trayectoria personal, académica y profesional converge en una misma perspectiva: comprender el territorio desde quienes lo habitan y, a partir de esa comprensión, contribuir a la construcción de políticas públicas capaces de fortalecer su autonomía, valorizar sus identidades y generar condiciones para que esas poblaciones permanezcan y se desarrollen en sus espacios de origen.

Una ciudad atravesada por diferentes usos del territorio

-Itaguaí reúne, en un mismo espacio, actividades portuarias e industriales, expansión urbana, agricultura familiar, pesca y áreas de valor ambiental. ¿Cómo pensar el desarrollo de una ciudad atravesada por actividades y usos del suelo tan diversos y, en algunos casos, en tensión entre sí?

Itaguaí puede ser comprendida como un “microcaso” de la realidad brasileña. Se trata de un territorio cuya trayectoria histórica y secular estuvo fuertemente vinculada con la agricultura familiar y la pesca artesanal, actividades que constituyeron no solo importantes bases de la economía local, sino también elementos centrales de la identidad y de la organización socioterritorial del municipio.

Sin embargo, a partir de la década de 1980, ese territorio atravesó profundas transformaciones, impulsadas por políticas de Estado que favorecieron la inserción de grandes capitales privados. En ese proceso, la ubicación estratégica de Itaguaí, situada dentro del área de influencia de la megalópolis Río de Janeiro–São Paulo y dotada de condiciones geográficas favorables para la actividad portuaria, comenzó a ser considerada un factor importante para la atracción de grandes emprendimientos.

Durante la primera década de los años 2000, el municipio experimentó una fuerte expansión de las inversiones públicas y privadas, especialmente en los sectores portuario, industrial y siderúrgico.

Ese proceso de modernización y de instalación de grandes emprendimientos produjo profundas transformaciones en las formas tradicionales de ocupación y uso del territorio. Se observó una sustitución progresiva de espacios históricamente asociados a la economía local y a la reproducción de los modos de vida tradicionales, al mismo tiempo que una parte significativa de la fuerza laboral local, principalmente las nuevas generaciones, fue incorporada a las nuevas actividades portuarias e industriales.

Esta transformación territorial tiene costos sociales, económicos y espaciales. Entre ellos se destacan la presión sobre los territorios rurales, la especulación inmobiliaria, los procesos de gentrificación, el estrangulamiento de los espacios destinados a las actividades económicas tradicionales y las crecientes dificultades que enfrentan los habitantes y productores locales.

Es justamente en este contexto donde la política pública adquiere un papel fundamental, no solo como instrumento de ordenamiento territorial y de mitigación de los impactos provocados por los grandes emprendimientos, sino también como mecanismo para garantizar la permanencia de las poblaciones y las actividades tradicionales en el territorio. Esto significa generar condiciones para que agricultores familiares y pescadores artesanales puedan continuar desarrollando sus actividades laborales y sociales.

Más que actividades económicas, la agricultura familiar y la pesca artesanal contienen un patrimonio histórico, cultural y territorial construido a lo largo de generaciones. Preservarlas, por lo tanto, no significa impedir la transformación económica de Itaguaí, sino buscar formas de conciliar el desarrollo, la justicia territorial y la permanencia de las poblaciones que históricamente construyeron y dieron significado a ese territorio.

Planificar más allá de la división entre campo y ciudad

-Parte de su producción académica ha abordado la agricultura familiar, los espacios periurbanos y las transformaciones territoriales producidas por los grandes emprendimientos. ¿Qué herramientas de planificación permiten integrar producción, urbanización y sostenibilidad, evitando pensar lo rural y lo urbano como territorios separados?

Cuando pienso en la producción académica, considero fundamental romper con una perspectiva restringida al campo teórico. Para un investigador es igualmente importante “poner las manos en la masa”, participar en proyectos de extensión, estar presente en el territorio y experimentar la vida cotidiana de las comunidades que se pretende comprender e investigar. En ese sentido, la investigación no puede limitarse a una observación distante: necesita establecer una relación concreta con los sujetos y sus territorios.

Al observar que el escenario del TIdI se viene modificando abruptamente, surgió la necesidad de comprender de qué manera la agricultura familiar y la pesca artesanal fueron y continúan siendo impactadas por la llegada de grandes emprendimientos a la región. Espacios tradicionalmente destinados a la producción, la sociabilidad y el ocio fueron progresivamente sustituidos por industrias, puertos, rutas y por un nuevo paisaje marcado por estructuras portuarias, contenedores y edificios.

En cuanto a las herramientas de investigación, tengo particular interés en metodologías de aplicación práctica en el territorio, especialmente aquellas de carácter etnográfico; las técnicas de entrevistas directivas; el Diagnóstico Rápido Participativo Emancipador (DRPE); los análisis muestrales de relevamiento espacial; los instrumentos de tecnologías sociales; y el análisis a partir del trípode de la sostenibilidad.

Entre estas herramientas se destaca especialmente la Matriz de Impactos Socioterritoriales, un instrumento que desarrollé y apliqué en el municipio de Itaguaí durante mi tesis doctoral. La herramienta busca sistematizar, en diferentes escalas, los impactos sociales, económicos y ambientales derivados de los procesos de transformación territorial.

A partir de esta experiencia, también desarrollé trabajos y capítulos de libros dedicados a la aplicación práctica de esta matriz en diferentes realidades sociales y territoriales, considerando distintas prácticas, contextos y escalas de análisis.

Esta trayectoria reforzó mi comprensión de que el método y las herramientas son elementos fundamentales para la producción de conocimiento científico, pero no constituyen, de manera aislada, el sentido de la investigación. Es necesario integrar los marcos teóricos con la realidad concreta, reconocer las especificidades locales y construir conocimiento junto con los sujetos que forman parte de ese territorio.

Por eso entiendo la extensión como un elemento central del proceso de producción académica. Es a través de ella que teoría y práctica pueden dialogar con la sociedad, reconocer sus saberes, miedos y aspiraciones, así como contribuir a la construcción de alternativas y mejoras socialmente relevantes.

La capacidad de los municipios para conducir el desarrollo

-Muchos de estos procesos, inversiones, infraestructura, transformaciones productivas o expansión urbana, exceden las capacidades y competencias de un gobierno local. A partir de su experiencia académica y de gestión, ¿cuáles son hoy las principales debilidades de los municipios para planificar su desarrollo y qué capacidades institucionales necesitan construir para ejercer una incidencia efectiva?

La gran mayoría de los municipios periféricos de Brasil tienen una baja recaudación, con excepción de algunas regiones ubicadas fuera de los grandes centros urbanos. Por ese motivo, las políticas públicas y las inversiones de capital provenientes del Gobierno Federal son fundamentales para el sostenimiento y la continuidad de las políticas públicas y de las acciones productivas locales.

Este escenario, sin embargo, deriva en otro problema: el país posee dimensiones continentales y, naturalmente, cada región presenta características, necesidades y demandas particulares. De esta manera, resulta difícil formular una política pública de carácter nacional capaz de atender de manera uniforme realidades territoriales tan diversas. Esta dinámica puede generar, lamentablemente, un ciclo que dificulte la construcción de autonomía en el largo plazo.

Por ese motivo, es necesario promover y valorizar políticas públicas cuyo objetivo sea fortalecer la autonomía de los productores y de los territorios. Entiendo que las políticas públicas destinadas a los territorios rurales son importantes impulsoras del desarrollo local, pero deben constituir el inicio y el desarrollo de una estrategia, y no su punto final.

Teóricamente, el punto final es el proceso de autosuficiencia y autonomía de esos actores locales y, al mismo tiempo, el punto de partida de una nueva etapa, como parte de un instrumento cíclico de desarrollo. Lo ideal es que la política pública subsidie la acción, contribuya a su consolidación y, con el tiempo, promueva una transferencia gradual y posteriormente total hacia manos de la sociedad civil.

Me gusta citar como ejemplos las iniciativas de moneda social, la promoción de entramados productivos locales, el Plan Safra, el extinto Plan Territorial de Desarrollo Sostenible y Solidario, entre otras políticas públicas territoriales rurales.

En relación con las capacidades institucionales, considero importante observar la cuestión desde la perspectiva de la ampliación de los espacios y de la autonomía de los colectivos locales, como instrumentos de gestión y control social. Se trata de generar condiciones para que la propia sociedad civil local pueda desarrollar capacidades institucionales y ejercer una incidencia y un control efectivos sobre la manera en que las políticas públicas serán implementadas en su territorio.

En este sentido, corresponde a la gestión pública fomentar espacios en los cuales los propios colectivos locales puedan participar de la definición de cómo se implementarán las políticas públicas y cómo serán administrados los recursos por parte de los actores locales.

La construcción de estos mecanismos de participación puede, si está bien constituida, contribuir a una concepción de la gestión pública orientada a reducir las desigualdades territoriales y a construir territorios más saludables, autónomos y capaces de sostener sus propios procesos de desarrollo.

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