Agua para el mate

El Gobierno nacional defiende la desregulación del mercado de la yerba mate como un paso hacia la competitividad, mientras productores de Misiones y Corrientes advierten que la eliminación de controles y precios mínimos amenaza con profundizar la crisis de la cadena productiva.

INDUSTRIA

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En los últimos meses, la Casa Rosada impulsó una profunda desregulación del mercado de la yerba mate, que ha tensado las relaciones entre el Gobierno nacional y los sectores productivos del noreste argentino. El 18 de noviembre de 2025, mediante el Decreto N.º 812/2025, se derogaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de la materia prima, marcando una ruptura con décadas de intervención institucional en el sector. El comunicado oficial destaca que la medida se alinea con la política de defensa de la competencia y la liberación de normas que distorsionan la economía, con el objetivo de “adecuar el sector a las fuerzas de mercado”.

Desde el Gobierno se sostiene que el libre mercado puede ampliar la producción y hacer al sector más competitivo frente a la economía global. La eliminación del precio mínimo, argumentan desde la Secretaría de Agricultura, permitiría mayor flexibilidad para los secaderos y potencialmente mejores ingresos en segmentos de exportación, además de eliminar prácticas regulatorias consideradas obsoletas en la era de mercados globales.

No obstante, estas explicaciones chocan con la realidad que describen productores y organizaciones rurales en las provincias donde se cultiva el 70 % de la yerba mate argentina. Pequeños y medianos chacareros de Misiones y Corrientes denuncian que la desregulación dejó al sector “librado a las fuerzas del mercado” sin contrapesos efectivos, lo que se traduce en precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y una creciente asimetría frente a industrias concentradas. La Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM) reclamó un “precio justo” equivalente a 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde, señalando que los valores actuales no permiten sostener la actividad.

Las protestas y reclamos se multiplican. En asambleas realizadas en Campo Viera, productores dejaron constancia de la amenaza de cesar la cosecha hasta que no haya una respuesta concreta sobre los precios de la materia prima —una medida que podría afectar el abastecimiento de yerba en el mercado interno.

Organizaciones rurales y referentes de comunidades productivas describen una caída en la rentabilidad, venta masiva de chacras y el riesgo de que muchos pequeños productores abandonen sus tierras ante la falta de perspectivas económicas. Informes recientes también detallan que la desaparición de funciones regulatorias en el INYM coincide con tensiones en la cadena productiva y con inquietudes por el futuro de uno de los símbolos culturales y productivos más arraigados de Argentina.

Así, mientras el Gobierno apuesta por la liberalización como herramienta de crecimiento, los yerbateros alertan que sin mecanismos que sostengan la producción y protejan a los eslabones más vulnerables, el agua para el mate no alcanzará para mantener una verdadera industria que crea la economía regional con tramado territorial.