Auditoria pendiente
Más de 2.000 científicos denunciaron ante el BID el manejo irregular del Gobierno argentino sobre fondos por 53 millones de dólares destinados a la ciencia. Denuncian opacidad, paralización de proyectos y un vaciamiento institucional que compromete el futuro del conocimiento.
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La comunidad científica argentina atraviesa una tormenta que excede los laboratorios. Más de 2.000 investigadores, entre ellos nombres de peso como Andrea Gamarnik, Diego Golombek y Jorge Geffner, firmaron una presentación ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denunciando el manejo irregular de 53 millones de dólares que debían financiar proyectos de investigación.
El reclamo apunta al corazón del sistema de financiamiento. Según la denuncia, la Agencia I+D+i, organismo encargado de administrar los créditos internacionales, lleva casi dos años sin adjudicar nuevas convocatorias ni actualizar las becas de miles de jóvenes investigadores. El dinero, aseguran, existe, pero permanece inmovilizado en cuentas oficiales mientras el Gobierno alega que “no hay plata”.
El conflicto escaló al terreno judicial. Un amparo presentado en La Plata obligó al Ejecutivo a responder sobre la ejecución presupuestaria, pero el Gobierno apeló la medida. Paralelamente, el Jefe de Gabinete reconoció que Argentina recibió al menos 46 millones de dólares de esos créditos, aunque no precisó cómo ni dónde fueron ejecutados. La falta de respuestas alimenta la sospecha de que los recursos destinados a ciencia podrían estar siendo utilizados para otros fines.
Las consecuencias son concretas. Becarios sin recibos de haberes, proyectos de biotecnología o energías renovables congelados y laboratorios que no pueden renovar insumos importados. En primera persona, muchos investigadores describen el escenario como un “cientificidio”: no se trata solo de recortes coyunturales, sino de un debilitamiento estructural de la capacidad nacional de producir conocimiento.
El BID acusó recibo de la denuncia y comunicó que evaluará el material enviado por los científicos. Mientras tanto, el vacío se extiende: no hay auditorías públicas ni informes oficiales que transparenten el destino de los fondos.
La disputa trasciende los pasillos académicos. Lo que está en juego es el lugar de la ciencia argentina en un momento global donde la innovación define competitividad. Frente a un Estado que dilata respuestas, la comunidad científica exige lo mínimo: transparencia y un horizonte de desarrollo que reconozca a la ciencia como motor productivo y no como gasto prescindible.