Cumplir la ley
La Marcha Federal Universitaria volvió a poner en discusión, en Río Cuarto, el financiamiento de la educación pública. Entre reclamos salariales, responsabilidades institucionales y demandas presupuestarias, una consigna sintetizó el conflicto: cumplir la ley para garantizar el funcionamiento universitario y sostener su contribución al desarrollo regional.
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La consigna parecía sencilla, casi elemental: cumplir la ley. Sin embargo, detrás de esas tres palabras se condensó buena parte del conflicto que volvió a expresarse en las calles de Río Cuarto durante la quinta Marcha Federal Universitaria. No se trató solamente de reclamar mayores recursos, sino de exigir la aplicación de una legislación destinada a garantizar el financiamiento de las universidades públicas.
La movilización reunió las demandas de docentes, nodocentes, estudiantes e investigadores alrededor de una preocupación compartida: las condiciones materiales necesarias para sostener la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.
La rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, había advertido que la institución no funcionaba con normalidad. Su declaración permitió dimensionar un problema que excede las partidas presupuestarias: cuando los recursos resultan insuficientes, también se condicionan las posibilidades de enseñar, investigar, formar profesionales y producir conocimiento.
Desde el sector nodocente, Rodrigo Tello, secretario general de ATURC, destacó el acompañamiento histórico de la sociedad riocuartense a la universidad pública. Una relación que encuentra fundamentos concretos en la presencia territorial de una institución que forma profesionales, genera empleo, desarrolla investigaciones y participa de múltiples iniciativas regionales.
La vicerrectora Nora Bianconi incorporó otra dimensión al debate: el impacto del financiamiento sobre la producción científica y tecnológica. Una universidad no solamente transmite conocimientos acumulados; también debe disponer de capacidades para construir respuestas frente a los problemas que emergen de su territorio.
Allí aparece una cuestión central. El financiamiento universitario no puede reducirse a una discusión administrativa entre el Estado nacional y las instituciones educativas. También constituye una discusión sobre las capacidades que una sociedad decide construir colectivamente para proyectar su desarrollo.
En una región atravesada por desafíos productivos, tecnológicos, sanitarios y sociales, la universidad representa una infraestructura institucional difícilmente reemplazable. Su debilitamiento no afecta exclusivamente a quienes estudian o trabajan dentro de ella, sino también a las organizaciones, empresas y comunidades que se vinculan con sus capacidades.
La marcha dejó planteada, así, una discusión que trasciende la coyuntura presupuestaria: qué lugar ocupa el conocimiento en el proyecto de desarrollo argentino.
Cumplir la ley constituye una obligación institucional. Transformar ese cumplimiento en capacidades educativas, científicas y territoriales sostenidas representa un desafío político de mayor alcance.