Derecho al aula
La Unión de Estudiantes Secundarios relevó las condiciones edilicias de 20 escuelas públicas de Río Cuarto y llevó los resultados al Municipio. Los datos muestran problemas de aulas, sanitarios y calefacción, y vuelven a poner la infraestructura educativa en agenda.
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Hay una diferencia importante entre denunciar que una escuela está en malas condiciones y producir información capaz de mostrar que el problema excede a una escuela. Ese paso intentó dar la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Río Cuarto, que por segundo año consecutivo realizó una encuesta sobre la infraestructura de los establecimientos públicos de nivel medio de la ciudad.
El relevamiento reunió respuestas de estudiantes de 20 instituciones y deja una primera fotografía inquietante: apenas el 34,6% calificó el estado general de su colegio como bueno o muy bueno. Un 35,07% lo consideró regular y otro 30,33%, malo o muy malo.
Pero la infraestructura se vuelve menos abstracta cuando se pregunta dónde están los problemas. El 57,82% señaló a las aulas como el área más afectada. Al evaluarlas específicamente, el 43,13% las ubicó entre malas y muy malas. En los sanitarios, esa proporción alcanza el 37,44%.
El invierno agrega otra dimensión: sólo el 28,57% indicó que su escuela tiene calefacción que funciona correctamente. El resto afirmó que funciona de manera irregular o directamente no funciona. Y aunque la mayoría sostuvo que las condiciones edilicias no afectan su concurrencia, un 17,06% respondió que sí perjudican su asistencia a clases. Es probablemente el dato que mejor resume el problema: cuando un edificio dificulta llegar o permanecer en la escuela, la infraestructura empieza a condicionar el propio derecho a la educación.
Las respuestas abiertas ponen palabras a los porcentajes. Hay testimonios sobre humedad, ventanas rotas, falta de agua y jabón, roedores, calefactores que pierden gas y techos deteriorados. La UES sostiene que los recursos provinciales destinados a Río Cuarto son insuficientes y reclama una mayor presencia estatal.
Esta vez, sin embargo, los jóvenes no se quedaron solamente en la publicación de los resultados. Llevaron el relevamiento a la nueva gestión educativa municipal y pidieron que esos datos se conviertan en reclamos y decisiones. El planteo adquiere especial relevancia porque el Municipio interviene en la ejecución local del FODEMEEP, el fondo provincial destinado al mantenimiento de edificios escolares.
Ahí aparece quizás lo más valioso de la experiencia. Los estudiantes convirtieron problemas cotidianos y dispersos en evidencia colectiva y luego llevaron esa evidencia hasta una institución con responsabilidades concretas sobre parte de la respuesta.
Una escuela también educa cuando sus jóvenes descubren que un problema común puede medirse, organizarse y hacerse público. Y que ejercer ciudadanía no consiste solamente en reclamar: también supone producir información para que quienes tienen responsabilidades públicas deban responder por ella.