Desregular la carne
El gobierno de Javier Milei promete liberar la cadena cárnica de regulaciones, trámites y burocracia. Pero mientras el mundo exige cada vez más certificaciones, trazabilidad y controles sanitarios, la pregunta divide al sector: ¿la desregulación abre mercados o pone en riesgo las llaves que permiten ingresar a ellos?
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La carne vacuna volvió a quedar en el centro de una discusión que excede ampliamente al campo. La agenda de desregulación impulsada por Javier Milei y Federico Sturzenegger despierta expectativas entre productores y exportadores cansados de registros, formularios y costos administrativos. Pero también abre una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando se intenta simplificar un negocio que depende, justamente, de la confianza regulatoria?
La paradoja es evidente. Mientras Argentina debate cómo reducir controles, el mundo parece avanzar en la dirección opuesta.
China exige habilitaciones sanitarias cada vez más rigurosas. Estados Unidos audita sistemas completos de control e inspección. La Unión Europea suma exigencias vinculadas a trazabilidad, sostenibilidad y bienestar animal. Ninguno de los grandes compradores de carne del planeta está pidiendo menos regulaciones. Lo que exigen es que las regulaciones funcionen y sean confiables.
Por eso la discusión no es tan simple como suele presentarse.
En los despachos oficiales se habla de eliminar trabas. En los frigoríficos se habla de competitividad. En los mercados internacionales se habla de equivalencia regulatoria. Son tres lenguajes distintos para describir un mismo problema.
La teoría económica clásica enseñó durante décadas que liberalizar significaba bajar aranceles. Sin embargo, el comercio internacional del siglo XXI funciona de otra manera. Los países ya no cierran mercados mediante impuestos aduaneros. Lo hacen a través de protocolos sanitarios, certificaciones, auditorías y requisitos técnicos. La verdadera frontera comercial ya no está en las aduanas; está en los laboratorios.
Por eso organismos como el SENASA ocupan un lugar tan sensible. Para muchos empresarios representan una estructura burocrática que necesita modernizarse. Para otros constituyen uno de los principales activos competitivos del país. Después de todo, una certificación sanitaria reconocida internacionalmente vale tanto como un acuerdo comercial.
Algo similar ocurre con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Algunos sectores cuestionan los aportes obligatorios que financian su funcionamiento. Otros recuerdan que gran parte de los mercados abiertos durante las últimas décadas fueron resultado de años de promoción, negociaciones y construcción de reputación internacional.
Detrás de la discusión aparece una contradicción más profunda. El sector reclama menos intervención estatal, pero al mismo tiempo necesita instituciones capaces de negociar protocolos, sostener auditorías, certificar calidad y defender el acceso a mercados cada vez más exigentes.
La carne argentina enfrenta así un desafío singular. Liberar trámites puede ayudar a competir. Debilitar la confianza puede costar mercados.
Y en un negocio donde una firma sanitaria puede valer millones de dólares, no siempre menos regulación significa más libertad.