¿Destrucción creativa o cientificidio?
El gobierno avanza con reformas que reconfiguran el sistema científico-tecnológico nacional. Entre la desregulación libertaria y las denuncias de vaciamiento institucional, el futuro del INTA, el INTI y la Agencia I+D+i abre un debate clave sobre el rol del Estado en la producción de conocimiento.
AGRO
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En las últimas semanas, el gobierno nacional profundizó su agenda de reformas con un impacto decisivo sobre el sistema científico-tecnológico. A través de los decretos 447 y 462/2025, se reestructuraron tres organismos estratégicos: la Agencia Nacional I+D+i, el INTA y el INTI. Las medidas incluyen centralización administrativa, recortes de estructuras colegiadas, pérdida de autarquía y transferencia de recursos al Ministerio de Economía. Para sus impulsores, se trata de una apuesta por la eficiencia, la innovación privada y la destrucción creativa. Para sus críticos, es el inicio de un cientificidio.
Desde el enfoque libertario que sustenta estas reformas, el Estado debe correrse de la producción científica como actor principal. Bajo esta lógica, el conocimiento debe ser generado en función de la demanda del mercado y articulado con la oferta privada. En ese marco, se reducen los espacios de cogobierno institucional, se eliminan consejos directivos con representación sectorial y se recortan fondos que antes se asignaban de forma descentralizada. El nuevo modelo apunta a un Estado más pequeño, coordinador de reglas, pero no protagonista.
El decreto 462 modificó la estructura del INTA y el INTI, organismos clave en el desarrollo agroindustrial e industrial del país. Ambos pierden su estatus de autarquía y quedan bajo control directo del Ejecutivo. En el INTA, por ejemplo, el tradicional Consejo Directivo se reduce a un Consejo Técnico, con mayoría de miembros designados por el gobierno. En el INTI, todos los ingresos generados por servicios y patentes se canalizarán al Tesoro Nacional.
Por su parte, la Agencia I+D+i, que articulaba proyectos de ciencia básica, aplicada y de desarrollo, fue reformulada en dirección a una agenda de transferencia tecnológica para sectores productivos, con un directorio reducido y mayor control del Ejecutivo. Se prioriza, así, una visión utilitaria de la investigación, centrada en resultados económicos de corto plazo.
Entre la promesa de desburocratización y la advertencia de vaciamiento, se abre un debate de fondo: ¿qué lugar debe ocupar el Estado en la ciencia? ¿Puede la innovación sostenerse sólo desde la lógica de mercado? ¿Cuáles son los costos sociales de reducir la investigación pública a criterios de rentabilidad?
Las respuestas aún están en disputa. Lo que ya cambió es el tablero institucional.