Destrucción de capacidades
Bajo el argumento de optimizar la gestión pública, se avanza en la recentralización del INTA y el INTI, dos instituciones nodales para la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo territorial. La pérdida de gobernanza público-privada compromete capacidades estatales clave para sostener la matriz productiva nacional.
AGRO
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La centralización del INTA y el INTI representa una transformación profunda en el modelo de organización del sistema científico-tecnológico argentino. Ambos organismos, históricamente autárquicos y con alta capacidad técnica en sus áreas, han sido objeto de una reforma que reduce su autonomía administrativa y operativa, bajo el argumento de mejorar la eficiencia del Estado.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con más de 6.400 trabajadores y una red de 450 sedes en todo el país, fue concebido como una plataforma pública para el desarrollo territorial, la innovación agropecuaria y el fortalecimiento de las economías regionales. Su financiamiento proviene, en buena parte, de asignaciones específicas definidas por ley, como los derechos de importación y tasas aduaneras.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por su parte, brinda servicios tecnológicos especializados a pequeñas y medianas empresas industriales, combina financiamiento estatal con ingresos por transferencia tecnológica, y sostiene una tradición de vinculación con sectores estratégicos de la producción.
La reforma transforma al INTA en una dependencia bajo la órbita de Producción, y reduce al INTI a una dirección dentro de la Secretaría de Industria. A esto se suma una reestructuración del sistema de gobernanza: se promueve una mayor concentración del poder decisorio en el Ejecutivo, en detrimento de las representaciones público-privadas que formaban parte de sus directorios.
El rediseño también busca eliminar estructuras descentralizadas de gestión administrativa —como contabilidad, compras o liquidación de haberes— para ser absorbidas por áreas centrales del Estado. Esta unificación de funciones, presentada como una mejora en la eficiencia, se traduce en una pérdida de capacidades técnicas específicas, una reducción de personal y una desconexión de los territorios donde estos organismos operan.
La modificación del régimen de financiamiento y la posible eliminación de fondos asignados por ley completan el cuadro de debilitamiento. En lugar de consolidar una infraestructura pública de ciencia aplicada y desarrollo tecnológico, se opta por recentralizar, recortar y redefinir su rol institucional.
Lejos de una mera cuestión administrativa, estas decisiones afectan el entramado productivo nacional. Reducir la presencia y la potencia del INTA y el INTI es debilitar la capacidad de innovación, formación técnica y competitividad de sectores clave para la economía. La destrucción de capacidades no se mide solo en organigramas: se mide en el retroceso de un país que deja de invertir en su futuro.