Ecorregiones y conservación

Argentina es un país atravesado por una diversidad ecológica excepcional. Sus 18 ecorregiones —que van desde la Selva Paranaense hasta los desiertos patagónicos— conforman un mosaico ambiental que explica buena parte de su riqueza natural, pero también de sus tensiones históricas en torno al uso del territorio. Conservar no ha sido nunca un gesto neutro: implica decisiones políticas, modelos de desarrollo y relaciones de poder.

En ese escenario, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ocupa un lugar central. Desde la creación del primer parque nacional, el Estado asumió la tarea de preservar porciones estratégicas del territorio. Sin embargo, el modo en que se definieron esas políticas dejó huellas profundas que hoy vuelven a emerger en el debate público.

Un país, múltiples naturalezas

Las ecorregiones argentinas se definen por combinaciones específicas de clima, suelo, relieve y biodiversidad. La Selva Paranaense, en Misiones, concentra algunos de los mayores índices de diversidad biológica del país, pero también enfrenta una presión constante por el avance de la deforestación. La Pampa, transformada casi por completo por la agricultura, es una de las regiones menos protegidas del sistema. El Monte y el Desierto Patagónico exhiben adaptaciones extremas a la escasez de agua, mientras que el Bosque Andino-Patagónico resguarda especies emblemáticas como el huemul y extensos corredores forestales de alto valor ambiental.

Este mapa natural, lejos de ser estático, está sometido a transformaciones aceleradas por la expansión productiva, la urbanización y el cambio climático.

Parques nacionales: protección y conflicto

Desde 1934, con la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, la Argentina construyó una red de más de 40 parques nacionales que hoy superan los cuatro millones de hectáreas protegidas. Durante décadas predominó un modelo de conservación estricta, inspirado en la idea de “naturaleza sin gente”, que buscaba preservar paisajes considerados prístinos.

Ese enfoque implicó, en muchos casos, el desplazamiento o la invisibilización de pobladores rurales y comunidades originarias. La tensión entre preservación ambiental y derechos territoriales sigue siendo una herida abierta en varias áreas protegidas.

En las últimas décadas comenzaron a consolidarse miradas más integradoras. La participación comunitaria, el turismo sostenible y el reconocimiento de saberes locales abrieron la puerta a modelos de gestión más complejos, como los ensayados en la Reserva de Biosfera Yabotí o en experiencias patagónicas de manejo compartido.

Desafíos que definen el futuro

El sistema enfrenta hoy límites estructurales. Algunas ecorregiones clave, como la Pampa y el Espinal, continúan subrepresentadas. En otras zonas, como el Gran Chaco, la presión agropecuaria y extractiva tensiona cualquier estrategia de conservación. A esto se suma el impacto creciente del cambio climático, visible en incendios forestales, sequías prolongadas y alteraciones en los ciclos hídricos.

Persisten, además, conflictos territoriales no resueltos entre la Administración de Parques Nacionales y pobladores históricos, que ponen en cuestión la seguridad jurídica y el sentido mismo de las políticas ambientales.

Conservar con sociedad

La conservación en Argentina ya no puede pensarse como un problema exclusivamente técnico o ambiental. Es, ante todo, una discusión sobre el territorio, el desarrollo y el tipo de sociedad que se busca construir. Proteger la biodiversidad exige articular Estado, comunidades, producción y ciencia en un mismo horizonte.

El desafío es avanzar hacia un modelo que cuide los ecosistemas sin expulsar a quienes los habitan, que preserve sin congelar y que entienda la naturaleza como parte de un proyecto colectivo. La riqueza ambiental del país está ahí; el dilema es cómo gestionarla sin profundizar desigualdades ni hipotecar el futuro.