Familias endeudadas

La escena se repite en millones de hogares argentinos: el ingreso alcanza cada vez menos, los gastos fijos se llevan la mayor parte del salario y el crédito, lejos de ser una herramienta de alivio, se convierte en una trampa. En ese contexto, el proyecto presentado por Guillermo Michel vuelve a poner en discusión un tema central para la economía cotidiana: quién financia a las familias cuando el mercado las expulsa.

La iniciativa propone crear el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, recuperando el rol de la ANSES y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como actores activos del crédito al consumo. El diagnóstico que sostiene la propuesta es claro y está respaldado por datos oficiales: desde fines de 2023, los gastos fijos del hogar crecieron muy por encima de los ingresos y de la inflación, comprimiendo de forma persistente la capacidad de compra de jubilados, trabajadores y sectores populares.

Cuando el salario no alcanza, el endeudamiento aparece como única salida. Pero no cualquier endeudamiento. El endurecimiento del crédito bancario formal empujó a millones de personas hacia proveedores no financieros —fintechs, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales— que operan con tasas significativamente más altas. El resultado es un círculo vicioso: deuda cara para cubrir gastos básicos, mora creciente y pérdida de margen de consumo incluso en alimentos.

El proyecto busca intervenir precisamente en ese punto. Propone habilitar al FGS a destinar hasta el 20% de su cartera a créditos personales con reglas claras: tasas atadas a referencias mayoristas, cuotas que no superen el 30% del ingreso y repago automático mediante descuentos sobre haberes o prestaciones. El objetivo no es expandir el consumo de manera artificial, sino permitir que las familias cancelen deudas más gravosas y recuperen previsibilidad financiera.

Hay también una discusión de fondo sobre el sentido del FGS. En los últimos años, el Fondo profundizó su sesgo hacia títulos públicos, alejándose de su función original como inversor de largo plazo al servicio de la seguridad social y la economía real. La propuesta de Michel plantea reequilibrar ese perfil, retomando antecedentes como los programas Argenta y Créditos ANSES, que demostraron capacidad operativa y alta demanda social.

El proyecto incorpora, además, mecanismos de transparencia y control: reportes trimestrales, información pública sobre tasas, mora y distribución regional, y auditorías de los organismos de control del Estado. No se trata solo de volver a prestar, sino de hacerlo con reglas, límites y supervisión.

En un escenario de ajuste, desaceleración del consumo y creciente fragilidad social, la iniciativa reabre una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede una economía sostenerse cuando el financiamiento cotidiano de sus familias queda en manos de la usura moderna? El debate está abierto y excede largamente el recinto legislativo.