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Un mapa interactivo del Observatorio de Tierras, producido por investigadores de CONICET, revela que más de 13 millones de hectáreas argentinas están en manos extranjeras. La concentración se da en zonas con agua, minerales y logística clave, y reabre un debate de fondo sobre soberanía, desarrollo y planificación territorial.
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La pregunta vuelve al centro de la escena: ¿quién decide sobre la tierra en Argentina? Un mapa interactivo del Observatorio de Tierras, impulsado por equipos académicos de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, pone cifras y geografía a un proceso que llevaba años de fragmentación estadística. El resultado es contundente: alrededor del 5 % del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas— está bajo control extranjero, una superficie equivalente a la extensión de Inglaterra.
El dato agregado impacta, pero el mapa muestra algo más relevante: la extranjerización se concentra. Al bajar la escala, 36 departamentos superan los límites previstos por la normativa vigente y aparecen casos extremos donde la propiedad extranjera rebasa el 50 %. No es casualidad. Los puntos más críticos coinciden con bienes estratégicos: agua dulce, cuencas, áreas con potencial minero y nodos logísticos que estructuran la economía real.
La geografía lo confirma. Zonas fronterizas del norte y de la cordillera, y corredores vinculados a la hidrovía del Paraná, exhiben porcentajes elevados de control externo. Allí donde confluyen puertos, transporte, energía y recursos hídricos, la tierra deja de ser solo suelo productivo para convertirse en infraestructura de poder. El mapa no acusa: describe un patrón.
El momento no es neutro. El relevamiento irrumpe mientras se discuten cambios en las reglas que ordenan la propiedad rural y la relación entre inversión, producción y control territorial. La tensión es clara: atraer capital sin resignar capacidad de decisión. La experiencia internacional muestra que la apertura sin planificación tiende a profundizar asimetrías; la planificación sin inversión, a estancarse. El desafío es articular ambas.
Para un país cuya historia productiva se forjó sobre la tierra, ordenar el uso y la propiedad no es un gesto ideológico sino una decisión estratégica. La información del Observatorio aporta una base concreta para políticas públicas inteligentes: distinguir entre inversión productiva y captura de rentas, priorizar encadenamientos locales, proteger recursos críticos y fortalecer la presencia estatal donde el mercado, por sí solo, no garantiza desarrollo.
Más que cerrar una discusión, el mapa ordena la conversación. Aporta evidencia donde antes había percepciones y ofrece una base concreta para pensar reglas claras, políticas públicas consistentes y un uso del territorio alineado con los objetivos productivos del país. La tierra vuelve así al centro del debate, no como un límite al desarrollo, sino como una condición que exige planificación, acuerdos y mirada de largo plazo.
