Formación profesional: el riesgo de ponerle techo a la educación técnica

En esta columna, Domingo Aringoli advierte sobre el riesgo de reducir la educación técnica a simples capacitaciones. Plantea que, bajo el discurso de la inclusión y la rápida empleabilidad, se corre el peligro de limitar el desarrollo y la equidad educativa en Argentina.

SOCIAL

Domingo Aringoli

En nombre de la inclusión y la empleabilidad rápida, muchas políticas están reduciendo la educación técnica a simples capacitaciones. Pero cuando la formación profesional reemplaza a las tecnicaturas, lo que parece una oportunidad termina siendo un límite. Este texto invita a repensar las decisiones que definen el futuro del trabajo y de la educación técnica en Argentina, y particularmente en Córdoba.

En los últimos años, diversas políticas educativas han orientado sus esfuerzos hacia la formación profesional, presentándola como una respuesta ágil a las demandas del mercado laboral. Sin embargo, detrás de ese discurso aparentemente inclusivo y pragmático se esconde una tendencia preocupante: nivelar hacia abajo la educación técnica, reduciendo su alcance formativo y su potencial de transformación social.

La educación técnica tiene una identidad que la distingue. Su propósito no se limita a capacitar en un oficio, sino a formar técnicos con pensamiento crítico, capacidad de análisis y visión de conjunto, capaces de innovar en los procesos productivos, gestionar proyectos y contribuir al desarrollo regional. En cambio, la formación profesional suele responder a necesidades de corto plazo, con programas de menor duración y orientados a la inserción inmediata en el trabajo. Ambas modalidades son necesarias, pero no son equivalentes ni sustituibles.

Cuando las políticas públicas promueven la formación profesional como eje central —a menudo bajo el argumento de la “rápida salida laboral”— sin fortalecer al mismo tiempo las tecnicaturas, se genera un efecto de segmentación educativa. Los sectores más vulnerables acceden a trayectos breves y acotados, mientras los de mayores recursos o con mejor acceso institucional pueden continuar hacia estudios técnicos o universitarios. Así, lo que se presenta como una “oportunidad” termina siendo una barrera estructural que perpetúa las desigualdades.

La Ley de Educación Técnico Profesional N.º 26.058 reconoce explícitamente la articulación entre formación profesional, educación secundaria técnica y tecnicaturas superiores. Su espíritu no es reemplazar un nivel por otro, sino garantizar la continuidad formativa a lo largo de la vida. Cuando el Estado fragmenta esas trayectorias o financia preferentemente cursos cortos desvinculados de las tecnicaturas, está rompiendo ese principio de integración.

Además, la formación profesional sin un horizonte técnico más amplio tiende a desactualizarse con rapidez. En contextos de cambio tecnológico acelerado, la empleabilidad sostenible depende de la capacidad de aprender, analizar y adaptarse, no solo de ejecutar tareas. Esa es precisamente la fortaleza de la educación técnica: combina práctica con pensamiento, oficio con proyecto, conocimiento con innovación.

Apostar exclusivamente a la formación profesional puede parecer una estrategia pragmática, pero en realidad implica resignar futuro. La verdadera inclusión no se logra bajando el nivel de las propuestas, sino ampliando las oportunidades de acceso y continuidad educativa. Formar técnicos no es un lujo: es una necesidad para construir un país con soberanía productiva, desarrollo regional y equidad social.

La educación técnica no necesita ser reemplazada, sino fortalecida.
Porque donde hay un técnico formado, hay un puente entre la escuela y la industria, entre el conocimiento y el trabajo, entre el presente y el futuro.