Invertir en Córdoba

La Ley Provincial N.º 11.062, sancionada por la Legislatura de Córdoba, representa un giro estratégico en la política económica provincial hacia una agenda de desarrollo territorial inclusivo. Aprobada en septiembre de 2025 en una sesión especial en Cruz del Eje, la norma crea el “Programa de Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial”, con el objetivo explícito de potenciar las economías regionales de las zonas Noroeste y Sur de la provincia y reducir brechas que durante décadas las mantuvieron rezagadas respecto a los ejes urbano-industriales tradicionales.

El programa busca atraer inversiones productivas a través de un conjunto de incentivos fiscales: exenciones y reducciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, beneficios para el impuesto de Sellos y otros estímulos tributarios que favorezcan la instalación y expansión de actividades económicas, desde industria y turismo hasta el sector primario y salud. Para 2025, la provincia destinó 130 mil millones de pesos para financiar estos beneficios, marcando un compromiso presupuestario con la promoción territorial.

La aprobación de la ley fue presentada por el gobernador Martín Llaryora y respaldada por diversos bloques políticos como una herramienta para “federalizar y descentralizar” las oportunidades económicas y la infraestructura, incorporando la voz de municipios y comunidades locales. Su reglamentación en enero de 2026 estableció los requisitos concretos para que empresas y emprendedores puedan acceder a los beneficios, incluyendo la radicación efectiva de actividades y empleo en territorio cordobés.

Esta ley representa un intento por romper con la lógica de concentración productiva que caracteriza a muchos Estados latinoamericanos. Al focalizar recursos y estímulos en regiones con menor infraestructura y menor densidad industrial, el programa apunta a fortalecer capacidades locales, diversificar la estructura productiva y generar empleo sostenible. El enfoque no se limita a la atracción de capital financiero, sino que promueve la creación de empresas locales, innovación tecnológica y encadenamientos productivos, condiciones necesarias para una competitividad que contribuya al bienestar regional.

Sin embargo, su éxito dependerá de la calidad de la implementación, la coherencia con políticas complementarias de educación, infraestructura y logística, y la participación activa del sector privado articulada con el Estado. Si logra traducirse en proyectos productivos reales, la ley podría trazar un nuevo rumbo en la historia económica de regiones que durante décadas esperaron inversión y oportunidades.