La jugada larga

El Gobierno de Córdoba presentó el Presupuesto 2026 como una decisión estratégica: reducir la presión tributaria en aproximadamente $900.000 millones, una cifra que equivale a una reforma fiscal provincial en toda regla. El anuncio, que incluye rebajas en Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, llega en un momento de recesión, caída del ingreso real y una fuerte disputa por la competitividad territorial. En ese contexto, la medida no es sólo contable: es política, económica y simbólica.

El corazón del plan está en Ingresos Brutos, el impuesto más distorsivo del sistema provincial. Pequeños comercios pasarán de tributar el 3,5% al 2,5%, una reducción del 30% que busca sostener actividad en rubros que vienen golpeados. En paralelo, la nueva Ley de Promoción Industrial promete un beneficio mayor: alícuota cero para empresas que inviertan al menos 1,2% de su facturación. Si la herramienta funciona, puede generar un shock de renovación tecnológica y ampliación de capacidad productiva. Si no, corre el riesgo de convertirse en una transferencia sin impacto real.

En el frente social, el Presupuesto propone que ningún contribuyente urbano pague aumentos por encima de la inflación y mantiene 175.000 exenciones para hogares e instituciones vulnerables. Es el costado progresivo de un paquete que, en su núcleo, prioriza aliviar a empresas y estimular inversión. El agro, por su parte, recibe un esquema acordado con entidades rurales, con descuentos por cumplimiento y fondos afectados a infraestructura, un punto crítico para mejorar logística y competitividad regional.

La pregunta de fondo es si esta “poda impositiva” puede transformarse en desarrollo. Desde la economía del bienestar y el enfoque de competitividad sistémica, la dirección es correcta: se reducen impuestos caros en términos de eficiencia y se atan beneficios a conductas que generan externalidades positivas. Sin embargo, la sostenibilidad del esquema depende de una gobernanza fina: controles sobre inversiones reales, transparencia en obras rurales, seguimiento de impacto y equilibrio entre alivio tributario y la necesidad de financiar bienes públicos esenciales.

Córdoba apuesta a un mensaje claro: menos presión, más crecimiento. Pero toda jugada larga exige consistencia. Sin evaluación, trazabilidad y un Estado capaz de sostener infraestructura, educación y salud, la rebaja corre el riesgo de evaporarse en el corto plazo. Si, en cambio, se convierte en una política estable y bien administrada, puede marcar un cambio estructural para la provincia.