Paraguay: el precio del milagro
La caída de Ueno Bank desató una crisis financiera y política que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña. Detrás del escándalo emerge una pregunta regional: quiénes se benefician de los modelos económicos exitosos y quiénes pagan sus fracasos.
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Durante años, Paraguay fue presentado como una excepción virtuosa en América Latina. Estabilidad macroeconómica, baja presión tributaria, crecimiento sostenido y condiciones favorables para las inversiones conformaron el relato de un país que parecía haber encontrado la fórmula de la prosperidad. Sin embargo, la intervención de Ueno Bank expuso las contradicciones de ese modelo.
El banco, que reunía cerca de tres millones de clientes y administraba aproximadamente 850 millones de dólares de organismos públicos, fue intervenido por el Banco Central ante una grave insuficiencia patrimonial. La crisis provocó protestas, investigaciones judiciales y la destitución de Santiago Peña, actualmente bajo prisión preventiva.
Las investigaciones alcanzan también a antiguos funcionarios del Banco Central y directivos empresariales. La Fiscalía indaga presuntos mecanismos de favorecimiento financiero y responsabilidades en la supervisión bancaria. Mientras tanto, el Estado intenta garantizar la devolución de los depósitos y recuperar recursos pertenecientes a instituciones previsionales.
Pero el problema trasciende las responsabilidades individuales.
La experiencia paraguaya obliga a revisar una concepción del desarrollo que identifica el crecimiento económico y la atracción de capitales con el bienestar general. La expansión de los negocios no garantiza, por sí misma, instituciones sólidas, distribución de oportunidades ni protección del patrimonio colectivo.
También interpela al periodismo económico. Durante años, buena parte de la cobertura regional destacó las ventajas competitivas paraguayas, mientras otras voces advertían sobre la concentración económica, la informalidad laboral y las debilidades institucionales. El contraste revela la importancia de distinguir entre los indicadores de rentabilidad y las condiciones materiales de vida de la población.
Para Argentina y el conjunto de América Latina, el caso adquiere especial relevancia porque Paraguay fue reiteradamente presentado como referencia para las reformas económicas regionales. Su crisis no demuestra que toda apertura económica conduzca al fracaso, pero sí cuestiona la idea de que la confianza de los mercados pueda sustituir a los controles públicos.
La cuestión de fondo no consiste solamente en determinar quiénes cometieron irregularidades, sino en comprender qué relaciones entre poder político, capital financiero y organismos de control permitieron semejante exposición de recursos colectivos.
Paraguay enfrenta ahora el desafío de reconstruir la confianza institucional. Para América Latina queda una advertencia: ningún modelo de desarrollo puede considerarse exitoso si sus beneficios se privatizan mientras sus riesgos terminan recayendo sobre la sociedad.
