Paro general

El anuncio de paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a colocar al conflicto laboral en el centro de la escena política. La central obrera definió una huelga de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de la media sanción obtenida en el Senado. La convocatoria, sin movilización masiva pero con fuerte impacto en el transporte y los servicios, busca presionar sobre un debate que se presenta como uno de los más sensibles del año.

La reforma propone una reconfiguración amplia de las reglas del trabajo. Desde la óptica oficial, el objetivo es reducir costos, estimular la contratación formal y mejorar la competitividad. Desde la mirada sindical, en cambio, el proyecto altera equilibrios que durante décadas ordenaron la relación entre capital y trabajo, sin garantías claras de creación de empleo ni mejoras en la productividad.

Entre los puntos más polémicos se encuentra la posibilidad de extender la jornada laboral mediante esquemas de “banco de horas”, habilitando días de hasta 12 horas. Para los gremios, esta medida implica una intensificación del trabajo y un corrimiento del límite histórico de la jornada, uno de los pilares de la regulación laboral moderna.

Otro eje de conflicto es la modificación del régimen de indemnizaciones. El proyecto redefine el cálculo de las compensaciones por despido y abre la puerta a sistemas alternativos, lo que es leído por los sindicatos como una reducción de la protección frente a la pérdida del empleo. A esto se suma el temor a una mayor discrecionalidad empresarial en contextos de alta fragilidad del mercado laboral.

La reforma también introduce cambios en el derecho a huelga y en la organización sindical, con exigencias de servicios mínimos en actividades consideradas esenciales y mayores controles sobre asambleas y delegados. Para la CGT, estas disposiciones limitan la capacidad de acción colectiva y debilitan la negociación colectiva como mecanismo central de equilibrio.

Uno de los capítulos que más tensó el debate fue el artículo referido a licencias por enfermedad, que habilitaba recortes salariales durante períodos de inasistencia médica. Aunque el Gobierno mostró disposición a revisarlo, el punto funcionó como catalizador del rechazo sindical y aceleró la decisión del paro.

En este contexto, la huelga general aparece menos como un gesto aislado y más como la expresión de una disputa estructural sobre cómo se regulan el empleo, los derechos y las responsabilidades en una economía en transformación. El desenlace legislativo dirá si el sistema político logra procesar ese conflicto o si la tensión se profundiza en la calle y en los lugares de trabajo.