Polonia, Irlanda y Hungría
Polonia, Irlanda y Hungría se suman a Francia en su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur por temor al impacto en sus sectores agrícolas y a la competencia con productos sudamericanos, complicando la ratificación de un pacto esperado durante 25 años.
SOCIAL
GloCal
La Unión Europea enfrenta una de sus disputas internas más complejas en décadas por el acuerdo de libre comercio con el Mercosur —el bloque que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— que tras 25 años de negociaciones aún no ha sido ratificado por los Estados miembros. Este tratado, diseñado para eliminar aranceles y abrir mercados en ambos lados del Atlántico, se ha convertido en un campo de batalla político donde preocupaciones agrícolas resuenan con fuerza.
Si bien Francia ha liderado la oposición abierta, exigiendo plazos extendidos y salvaguardias más estrictas para proteger a sus agricultores, Polonia, Irlanda y Hungría también han expresado reservas claras o implícitas sobre el acuerdo y sus posibles efectos económicos y medioambientales.
En Polonia, el descontento va más allá de declaraciones diplomáticas: el país ha movilizado a sus agricultores, que protestan activamente contra lo que consideran una amenaza a su producción local frente a importaciones de productos sudamericanos más baratos. Líderes políticos polacos han advertido que no aceptarán un pacto que “sacrifique” al sector agrícola sin mecanismos eficaces de protección.
Aunque Irlanda y Hungría no generan tanto ruido mediático como Francia o Polonia, aparecen continuamente mencionados en informes y análisis sobre las reservas europeas frente al Mercosur. En documentos periodísticos y reportes de prensa europea se recoge que ambos países comparten inquietudes similares, vinculadas al impacto que las importaciones libres de aranceles podrían tener en sectores sensibles como la ganadería, la leche y otros productos agrícolas.
Estas reticencias no son aisladas: se enmarcan dentro de una amplia movilización de agricultores en toda la UE contra el acuerdo, que enlaza protestas en varios países con temores sobre competencia desleal y desigualdades en los estándares productivos y ambientales de los productos importados desde el Mercosur.
La Comisión Europea, por su parte, ha intentado responder a las preocupaciones con cláusulas de salvaguardia, fondos de apoyo y mecanismos para reactivar aranceles si las importaciones amenazan mercados comunitarios. Sin embargo, estos esfuerzos aún no han sido suficientes para convencer a todos los gobiernos que se oponen o dudan de la conveniencia del acuerdo.
La negativa o las reservas sostenidas de Polonia, Irlanda y Hungría —junto con Francia y otros países— son relevantes porque la ratificación del acuerdo requiere un apoyo amplio de los Estados miembros. La falta de consenso no solo pone en jaque el cronograma de firma previsto para diciembre de 2025, sino que también plantea preguntas sobre la capacidad de la UE para cerrar acuerdos comerciales globales frente a presiones internas.
En suma, la polémica con Polonia, Irlanda y Hungría evidencia que el debate no es solo económico, sino también político y social, condicionado por la defensa de sectores tradicionales como la agricultura y la percepción de que las reglas del comercio global deben equilibrar apertura con protección del tejido productivo europeo.