Provincias producción y federalismo

Un informe de Fundar propone medir el desarrollo provincial desde las capacidades productivas reales y no desde el discurso. La complejidad económica revela brechas profundas, límites estructurales y oportunidades concretas para decidir qué producir, dónde y con qué estrategia. Fuente: Fundar, Paula Luvini (2024).

INDUSTRIA

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Durante años, el debate sobre el desarrollo argentino se apoyó en consignas repetidas: valor agregado, diversificación, innovación. Sin embargo, pocas veces esas palabras se tradujeron en herramientas concretas para decidir políticas productivas. La Guía práctica para analizar la Complejidad Económica de una provincia, elaborada por Paula Luvini para Fundar, viene a incomodar ese lugar común: muestra que no todas las actividades valen lo mismo ni todas las provincias parten del mismo punto.

La complejidad económica no mide cuánto produce una provincia, sino qué sabe producir. Parte de una idea simple pero potente: las economías que logran sostener el desarrollo son aquellas que acumulan capacidades productivas diversas y sofisticadas. No se trata solo de crecer, sino de crecer con conocimiento incorporado. Bajo este enfoque, producir medicamentos no es equivalente a producir materias primas, porque las capacidades requeridas —capital humano, tecnología, organización— son radicalmente distintas.

Aplicada a la Argentina, la herramienta deja un diagnóstico crudo. La estructura productiva está fuertemente concentrada. Buenos Aires y CABA —consideradas como un mismo territorio económico por razones metodológicas— encabezan ampliamente el ranking de complejidad, seguidas por Santa Fe y Córdoba. El resto de las provincias se agrupa por debajo del promedio nacional, con diferencias mínimas entre sí. No es solo desigualdad de ingresos: es desigualdad de capacidades.

El informe muestra además que la diversificación importa tanto como la especialización. Provincias con bajo peso relativo en el empleo total pueden exhibir alta complejidad si están insertas en actividades poco ubicuas y tecnológicamente exigentes, como ocurre con Tierra del Fuego o San Luis. Esto rompe otro mito frecuente: el tamaño no garantiza sofisticación.

Uno de los aportes más relevantes de la guía es su enfoque prospectivo. La complejidad económica no sirve solo para diagnosticar, sino para decidir trayectorias. A través de indicadores como cercanía y valor estratégico, la herramienta permite identificar qué actividades podrían desarrollarse con mayor probabilidad de éxito a partir de las capacidades ya existentes. No propone saltos al vacío, sino transiciones productivas plausibles.

El caso de Córdoba es ilustrativo. La provincia combina una base industrial relevante con servicios complejos y muestra oportunidades claras para avanzar hacia actividades que incrementen su complejidad futura. Pero también expone una advertencia: sin políticas deliberadas —infraestructura, formación, coordinación público-privada— esas oportunidades no se materializan por inercia.

El mensaje de fondo es incómodo pero necesario. El desarrollo no es una lista de sectores “de moda” ni un copy de campaña. Es una construcción acumulativa, desigual y territorialmente situada. La complejidad económica pone números y método a esa discusión y obliga a una pregunta incómoda para la política: si no sabemos qué capacidades tenemos, ¿cómo pretendemos decidir el futuro productivo?