Puerto Ushuaia

La reciente intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, oficializada mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), ha colocado a este enclave marítimo estratégico en el centro de una disputa institucional con el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el foco de un debate más amplio sobre su función logística, productiva y geopolítica para Argentina.

Desde el Ejecutivo nacional se justificó la medida —que transfiere la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto al control federal por 12 meses— en una inspección que detectó presuntas irregularidades financieras, presunto desvío de fondos y deterioro de infraestructura y seguridad en la terminal portuaria. Las autoridades de la ANPyN sostienen que estos hallazgos comprometen la operación y requerían una intervención para garantizar continuidad y seguridad en los servicios portuarios.

Para la provincia, sin embargo, la decisión constituye un avasallamiento sobre la autonomía provincial y un avance político sobre un activo clave de su desarrollo económico. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y otros funcionarios han anunciado que recurrirán a la Justicia para frenar la medida, y han cuestionado tanto la justificación técnica como la falta de diálogo previo antes de la intervención.

Más allá del conflicto institucional, el Puerto de Ushuaia es reconocido como un nodo logístico de importancia nacional e internacional. Situado en el extremo austral del continente, es la principal puerta de salida para cruceros turísticos que conectan con la Antártida, facilita el comercio regional y la actividad pesquera y sirve como punto de apoyo logístico para campañas científicas y operaciones marítimas en el Atlántico Sur.

Especialistas en geopolítica recuerdan que el control y la operatividad de puertos como Ushuaia tienen implicancias más allá del comercio: su ubicación geográfica lo convierte en un activo estratégico en un contexto global donde las rutas marítimas hacia el sur ganan relevancia frente a dinámicas de competencia entre potencias por influencia en el Tratado Antártico, el acceso al Océano Austral y la defensa de soberanía en regiones remotas.

Sectores opositores y analistas han planteado que la intervención podría formar parte de un reposicionamiento geoestratégico, incluso en relación con la agenda argentina con Estados Unidos y otras potencias globales, lo que agrega una dimensión geopolítica a la discusión sobre el futuro de la gestión portuaria.

La situación de Ushuaia pone en evidencia que la gestión de infraestructuras productivas y logísticas no puede separarse de su rol estratégico en el entramado político e internacional de Argentina, y que cualquier decisión sobre su administración tendrá impacto tanto en la economía local como en la proyección soberana del país en el extremo austral del continente.