Pymes sin crédito
El Congreso ajusta a las Pymes: la ley previsional que quebró el crédito productivo. Con la excusa de mejorar las jubilaciones, el Congreso eliminó beneficios clave para las Sociedades de Garantía Recíproca. La medida fue denunciada por bancos y empresarios como un golpe directo al corazón del financiamiento PyME.
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En un giro sorpresivo de la política fiscal argentina, el Congreso sancionó el 10 de julio una reforma previsional que no solo modificó el régimen jubilatorio, sino que también dinamitó silenciosamente uno de los instrumentos más virtuosos del financiamiento productivo en el país: las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). La eliminación de exenciones impositivas para los aportantes a estos fondos fue presentada como una vía para financiar el aumento de haberes previsionales. Sin embargo, lo que se presentó como justicia social terminó siendo, para muchos, un error técnico y político de gran envergadura.
El comunicado conjunto de las cámaras bancarias ADEBA, ABA y ABE fue contundente: calificaron la medida como “un grave error de política económica” que debilita un sistema público-privado que ha demostrado eficacia, transparencia e impacto federal. Lejos de ser un privilegio sectorial, las SGR funcionan como una plataforma de inclusión financiera, permitiendo que miles de pequeñas y medianas empresas accedan a créditos bancarios con mejores condiciones.
La lógica detrás del modelo de garantía recíproca es simple pero poderosa: reducir las asimetrías de información en un sistema financiero que suele excluir a quienes no tienen historia crediticia. Las SGR avalan a las PyMEs con garantías consideradas autoliquidables por el Banco Central, permitiendo así ampliar la base de empresas con acceso real al crédito productivo. Y los resultados son tangibles: en el último año, el crédito a PyMEs creció en términos reales, empujado en gran parte por este mecanismo.
Ahora, con la reforma en marcha, se corre el riesgo de desfinanciar a las SGR al quitar incentivos a los grandes aportantes. La paradoja es brutal: mientras el gobierno clama por inversión y productividad, castiga una herramienta que precisamente promovía eso.
En tiempos donde el desarrollo nacional exige instrumentos inteligentes, esta decisión legislativa parece escrita al revés: busca redistribuir sin producir, debilita la formalización y erosiona la competitividad PyME. Una vez más, el ajuste cae donde menos se lo esperaba: en la base del tejido productivo.
El desarrollo empieza por cuidar los instrumentos que funcionan. Las SGR no eran el problema. Eran parte de la solución.