Se perdieron 126.000 empleos en la industria

La industria argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Cuenta de Generación del Ingreso del INDEC, durante la actual administración se perdieron al menos 126.000 puestos de trabajo industriales, considerando empleo registrado, no registrado y cuentapropista. Se trata de una caída que excede la coyuntura y plantea interrogantes estructurales sobre el rumbo productivo del país.

El retroceso del empleo industrial se inscribe en un escenario más amplio de pérdida de competitividad sistémica, retracción del mercado interno y redefinición del esquema de apertura comercial. En ese marco, el factor China emerge como una variable central del debate productivo. El avance sostenido de importaciones de bienes intermedios y finales —desde acero y autopartes hasta equipamiento industrial— tensiona a la industria local, en particular a las pymes, que enfrentan dificultades para sostener precios, escalas y niveles de empleo.

La discusión excede la lógica estrictamente empresarial. “Podemos competir con empresas de la región, pero no contra un Estado”, sintetizó el empresario industrial Lucas Salvatore, al señalar la asimetría que se produce cuando economías con políticas industriales activas compiten con un país que reduce sus instrumentos de protección, financiamiento y promoción productiva. La frase condensa un punto nodal: la competencia internacional no se da solo entre firmas, sino entre modelos de desarrollo, capacidades estatales y estrategias de largo plazo.

Desde el análisis económico, distintos especialistas advierten que la destrucción de empleo industrial difícilmente pueda ser compensada por otros sectores. Las actividades que hoy concentran expectativas de crecimiento —como energía y minería— resultan clave para la generación de divisas, pero demandan escasa mano de obra directa y tienen menor capacidad de traccionar entramados productivos territoriales. El riesgo es avanzar hacia una reprimarización de la economía, con menor densidad industrial, tecnológica y social.

En paralelo, el debate político se reorganiza en torno a las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional. La reforma laboral aparece como uno de los ejes centrales, con respaldo de sectores empresariales que la consideran una condición necesaria para reducir costos y aumentar competitividad, y con un fuerte rechazo del movimiento sindical, que advierte sobre una posible pérdida de derechos y mayor precarización del trabajo. Las movilizaciones convocadas por la CGT expresan esa tensión de fondo.

El contraste es elocuente: mientras el empleo industrial se contrae y la capacidad instalada muestra signos de deterioro, el debate público oscila entre la urgencia macroeconómica y la ausencia de una estrategia productiva integral. El interrogante de fondo permanece abierto: ¿puede la Argentina prescindir de una política industrial activa sin asumir un costo social, territorial y productivo profundo?