Si no es el Estado, ¿quién?

En los dos primeros artículos de esta serie quedó planteado un diagnóstico incómodo. Los bienes públicos no se producen solos y la cooperación voluntaria, aun cuando existe, no alcanza para sostenerlos en el tiempo. Llegados a este punto, emerge una paradoja tan evidente como esquiva: si no es el Estado quien organiza la fábrica de bienes públicos, entonces quién.

La pregunta suele incomodar porque el debate público tiende a moverse entre dos posiciones extremas. Por un lado, la expectativa de un Estado omnipotente, capaz de producir y resolverlo todo. Por otro, la desconfianza estructural hacia cualquier forma de intervención estatal, asociada a ineficiencia, captura o burocracia. Ambas miradas simplifican el problema y lo desvían del punto central.

La experiencia histórica muestra que ningún actor privado, ninguna red voluntaria ni ninguna organización intermedia posee, por sí sola, la capacidad de producir bienes públicos a gran escala y de manera sostenida. Infraestructura, sistemas educativos, conocimiento estratégico o cohesión territorial requieren coordinación masiva, financiamiento estable y reglas de cumplimiento general. Ese conjunto de atributos no surge espontáneamente del mercado ni de la cooperación fragmentada.

Aquí aparece el Estado, no como solución mágica, sino como institución de segundo orden. Su función no es reemplazar a los demás actores, sino crear las condiciones para que la fábrica funcione: establecer reglas, alinear incentivos, escalar procesos y absorber conflictos que no pueden resolverse en el plano voluntario. El Estado no fabrica bienes públicos en soledad, pero sin Estado la fábrica difícilmente pase de la etapa experimental.

Reconocer este rol no implica negar sus límites. El Estado también es un espacio de poder, atravesado por intereses, desigualdades y disputas. Puede fallar, capturarse o desarticularse. Precisamente por eso, el problema no es “más” o “menos” Estado, sino qué tipo de Estado, con qué capacidades y bajo qué formas de control y articulación.

La paradoja se vuelve entonces más nítida. Se critica al Estado por ineficiente, pero cuando la cooperación se agota y la escala importa, no aparece ningún otro actor capaz de ordenar la producción de bienes públicos. El mercado no resuelve el problema y la sociedad organizada no logra sostenerlo sola. El Estado reaparece, no por virtud, sino por ausencia de alternativas funcionales.

Plantear esta paradoja es clave para el desarrollo. No se trata de idealizar al Estado, sino de asumir que la fábrica de bienes públicos necesita una instancia capaz de ordenar, financiar y sostener procesos colectivos. La pregunta decisiva, que abre la última entrega de esta serie, ya no es quién, sino cómo se gobierna esa fábrica para que produzca bienes públicos y no privilegios privados.