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Con una selfie, aranceles y sonrisas, Argentina y Estados Unidos sellaron un acuerdo que promete “abrir mercados” y “crecer”, mientras algunos lo celebran… despliega una apertura objetivamente profunda de mercados y compromisos regulatorios, con efectos desiguales que alimentan críticas centradas en la asimetría estratégica, el rol de intereses norteamericanos y el impacto en la industria local.

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El 5 de febrero de 2026 quedó formalizado en Washington el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, un pacto que reduce y elimina barreras arancelarias para bienes y servicios y que, según sus promotores, marca un hito de apertura comercial bilateral.

El texto oficial del acuerdo —publicado en inglés por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR)— despliega un esquema de liberalización que tiene implicancias concretas para la economía argentina. Allí se especifica que Argentina eliminará cientos de gravámenes, reducirá otros y otorgará cuotas para importaciones de vehículos, carne y productos agrícolas; en contraparte, Estados Unidos eliminará aranceles sobre más de 1.600 productos argentinos, otorgando acceso preferencial a bienes como químicos, dispositivos médicos y manufacturas.

Ese nivel de apertura, aunque promocionado como recíproco, revela un patrón que ya ha despertado cuestionamientos: la eliminación de barreras favorece sectores en los que la economía estadounidense posee ventajas competitivas consolidadas, como maquinaria industrial y tecnología, mientras que los productos argentinos con acceso preferencial a Estados Unidos son, en muchos casos, materias primas o bienes con valor agregado menor.

Además de aranceles, el acuerdo contiene compromisos regulatorios que extienden la influencia de estándares estadounidenses sobre la normativa local: Argentina se compromete a aceptar normas de seguridad y evaluación de conformidad estadounidenses en productos importados, y a alinear aspectos de su sistema de comercio digital y protección de datos con criterios de Washington.

Esta arquitectura comercial ha intensificado las críticas sobre la asimetría estratégica del pacto. Para sectores industriales locales, la combinación de mayor ingreso de bienes importados —con costos más bajos por la eliminación de aranceles— y compromisos regulatorios que equiparan estándares puede profundizar desafíos competitivos ya existentes.

En contrapartida, actores vinculados a exportaciones de recursos naturales o de productos alimentarios destacan que el pacto podría dinamizar esas ventas externas, aunque el beneficio neto para el conjunto de la economía todavía es objeto de debate técnico.

Desde Washington se ha reivindicado el acuerdo como una ampliación de la relación estratégica bilateral, incluyendo cooperación en minerales críticos como litio y cobre, pero también como un paso hacia un marco de comercio más amplio que incluya más bienes y servicios a futuro.

El pacto debe ahora ser analizado y eventualmente ratificado por el Congreso argentino, donde la discusión se espera intensa sobre los equilibrios comerciales, las obligaciones regulatorias asumidas y el impacto real en la industria nacional.